Diputados del Frente de Todos resaltan necesidad de aprobar el Aporte Solidario de Grandes Fortunas

Diputados del Frente de Todos ratificaron hoy la necesidad de aprobar el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario sobre los patrimonios superiores a 200 millones de pesos para reforzar planes sanitarios y productivos, que se comenzará a debatir en los próximos días en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del cuerpo legislativo.

El proyecto sumó hoy el respaldo del diputado socialista Enrique Estévez y se estima que en las próximas horas se pronunciarán los legisladores de Córdoba Federal, del Movimiento Popular Neuquino y del bloque Justicialista, informaron fuentes parlamentarias.

Estévez dijo a Télam que «es lógico que en este contexto de crisis económica, social y sanitaria que los que más pueden hagan un esfuerzo solidario para afrontar esta situación».

Señaló que si bien el Socialismo está de acuerdo con la idea de un aporte solidario a las grandes fortunas, quieren debatir el destino de esos fondos y esperan que el oficialismo abra el proyecto para poder hacer sus aportes.

El apoyo de los diputados de los bloques opositores es clave para el Frente de Todos ya que la creación de cualquier gravamen o aporte especial debe sancionarse con una mayoría especial de 129 votos positivos, y el Frente de Todos tiene 117 votos propios.

En tanto, diputados de Juntos por el Cambio expresaron su rechazo a esta iniciativa propiciada por el oficialismo, aunque aclararon que aún no está definida la postura de ese espacio opositor.

El oficialismo aspira a votar antes de fin de septiembre el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario, que se aplicará, por única vez, a las personas con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos con una tasa progresiva entre el 2 y el 3,5%, con el fin de recaudar unos 300.000 millones de pesos para reforzar las arcas públicas.

En ese contexto se aguarda la convocatoria a la comisión de Presupuesto los próximos días para realizar la primera reunión informativa donde se darán los detalles del proyecto que busca sumar una recaudación extra para asistir a las pymes, al sistema sanitario, al programa Progresar y al desarrollo energético.

De acuerdo a esa iniciativa, el 20% de la recaudación se destinará a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, 20% a las pymes, 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares, 20% a becas al programa integral de becas Progresar y 25% programas de exploración y desarrollo de gas natural a través de Enarsa.

El diputado Carlos Heller, del Frente de Todos e impulsor de la iniciativa, señaló que la idea es no demorar el debate del proyecto porque «hay que compatibilizarlo con el conjunto de las prioridades» y que su idea es «ir lo más rápido posible y avanzar esta misma semana en comisión».

Destacó que el proyecto «está orientado a encontrar la ecuación óptima entre la menor cantidad de gente alcanzada y el mayor potencial de ingresos posible».

El también oficialista por Entre Ríos Marcelo Casaretto aseguró que el proyecto «no afecta a la clase media, ni a la producción ni a la inversión», y precisó que se trata «sólo de patrimonios personales de las 12 mil familias más ricas del país».

«Es un aporte único, extraordinario y solidario para paliar las consecuencias de la crisis», dijo a radio Universidad de Entre Ríos.

Desde la oposición, el diputado radical Luis Pastori dijo Télam que se «trata de un impuesto porque tiene carácter obligatorio y no voluntario aunque lo llamen Aporte Solidario porque ese es el principio de la economía» y dijo que «afecta derechos adquiridos porque plantea una doble imposición».

El legislador dijo que si bien no hay una decisión tomada «porque aún no lo hemos analizado en el bloque», señaló que su postura personal, que planteará en la bancada, es contraria a este proyecto porque «tiene muchos vicios y que terminará judicializado».

El vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), dijo que «mi recomendación es tratar de no perseguir al capital porque cuando lo necesitas para recuperar la confianza y las inversiones para generar empleo no lo tenés».

Desde la izquierda, Nicolás del Caño señaló que «vamos a dar el debate» pero destacó que «no podemos limitarnos» a los 300 mil millones de pesos que quiere recaudar el oficialismo.

Señaló que insistirán con su propuesta para que «las 5.000 empresas más grandes (0,8% del total), que superaron los $ 65 millones de ganancias en su último balance, paguen alícuotas progresivas que van desde el 10 % al 20 %, adicionales al pago habitual del impuesto a las ganancias, y que se multe a los evasores con cuentas en el exterior detectados por la AFIP, gravar la gran propiedad de la tierra y las viviendas ociosas más caras».