El gobierno analiza prohibir despidos y suspensiones por decreto

El intento del Grupo Techint –frenado por una conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, aunque la empresa ratificó su voluntad– de despedir a 1.450 trabajadores de la constructora por la parálisis de la actividad, le sirvió al Gobierno como caso testigo de lo que puede comenzar a suceder en las próximas semanas con el sector privado, al extenderse la cuarentena.

“No dejaré que lo hagan”, advirtió el presidente Alberto Fernández el domingo, cuando anunció la extensión del aislamiento obligatorio, en principio, hasta el 13 de abril. Ya había trascendido la información de los despidos, y ayer Trabajo instó a la empresa a retrotraer la decisión.

Con este antecedente, y frente a las duras advertencias que está recibiendo el Gobierno por parte de la gran mayoría de los empresarios, de rebajas salariales, suspensiones y desvinculaciones, está bajo análisis en la Casa Rosada la publicación de un decreto de necesidad de urgencia que prohibiría los despidos y suspensiones durante un período determinado, mientras dure la emergencia provocada por la pandemia. Pero aún se está analizando los alcances de la norma, ya que el objetivo es que lo que salga luego se pueda cumplir.

Se trató, además, de un pedido expreso de la cúpula de la CGT, que venía advirtiendo serias complicaciones en el frente laboral por efecto de la cuarentena, a partir de la cual sólo una minoría de actividades sigue en pie. Concretamente, el líder cegetista Héctor Daer reclamó la suspensión de los artículos 221 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), con el argumento de la necesidad de cuidar el empleo en este contexto.

Esos decretos habilitan a suspender sin pago salarial y despedir y pagar el 50% de la indemnización por casos de “fuerza mayor”. El debate es si el coronavirus es tomado como “fuerza mayor”. La suspensión de esas normas sería la opción de mínima que plantea la CGT, la de máxima sería la prohibición total, que no parece estar en los planes de nadie por el momento.

Fuentes oficiales afirmaron que la norma saldría en breve, pero que llegaría acompañada de un conjunto de otras medidas en beneficio del sector productivo. Una de las opciones es que se realice un acuerdo entre el sector empresario y los trabajadores para extender la suspensiones. De hecho, desde la UIA habían dejado trascender la semana pasada que quienes no están trabajando deberían tener un régimen de suspendidos, es decir, que cobren el 70% del salario.

La desesperación de las compañías, especialmente de las pymes, por estas horas es cómo harán para pagar los salarios, servicios e impuestos, ya que si bien la reapertura del clearing bancario benefició a algunos sectores, perjudicó a otros, que no tenían fondos para cubrir los cheques. Por otra parte, el cierre de los bancos está generando serias complicaciones para los firmas que necesitan depositar efectivo para luego saldar sus obligaciones. El Gobierno y los bancos anunciaron líneas de crédito a una tasa fija del 24% con tres meses de gracia, pero aún así muchas empresas no logran acceder.

Desde la CGT esperan la convocatoria del Gobierno para acordar cómo sería el mecanismo que regirá durante la crisis, mientras que desde la UIA aseguran aún no tener conocimiento del tema y remarcan que el contexto actual debe ser considerado como “fuerza mayor”.

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