Los judiciales en alerta y movilización

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) decidió hoy el estado de «alerta y movilización» ante el anuncio de la constitución de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso para analizar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) relacionados con algunos temas de la actividad.

Entre otros DNU, el gremio se refirió al 256/15 y al 102/17, relacionados con la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, y dijo que «llama la atención su tratamiento en la emergencia, ya que el Senado limitó su funcionamiento al tratamiento de temas del virus», señaló el gremio a través de un comunicado.

Un documento de la organización que lidera Julio Piumato explicó que el primero de esos decretos transfirió la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación (Dicom) a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, el 102, determinó que fueran dos jueces penales con rango de magistrado de cámara -designados por sorteo y con mandato durante tres años- para actuar como director general y subdirector general de aquel organismo, bajo la competencia de la Corte Suprema de Justicia.

«Según la Ley 26.122, que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los DNU, es la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo la que tiene competencia para pronunciarse sobre la validez o no de esos decretos, y debe elevar el dictamen al plenario de Diputados y Senadores para su expreso tratamiento y rechazo o aprobación en 10 días», observó Piumato.

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo emitió dictamen de mayoría favorable a la declaración de validez del decreto 256/15 el 16 de febrero de 2016, pero nunca fue tratado por las cámaras parlamentarias, pero por «razones desconocidas hoy se desempolva y se procura discutirlo», indicó un comunicado.

Para Piumato, el Poder Judicial «avanzó mucho en la puesta en funcionamiento de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), un organismo auxiliar de jueces federales penales de todo el país para asistirlos en investigaciones frente a casos de delito complejo».

«Esa tarea es realizada por más de 300 empleados, cuyos trabajos están hoy en riesgo en el contexto de la pandemia y la crisis económica, por lo que el gremio exige la no intromisión política en la actividad», señaló el dirigente, quien instó a los legisladores a revisar «una medida que tendrá consecuencias institucionales».